El ministro de Trabajo, Empleo e Industria de La Rioja, Federico Bazán, afirmó hoy que las condiciones económicas actuales cambiaron significativamente, y complicaron la capacidad de la provincia para hacer frente al pago del capital e intereses de sus bonos internacionales.
El lunes, el gobierno provincial informó al mercado que no pudo hacer frente a las obligaciones de deuda que debía afrontar por unos US$ 26,2 millones que vencían originalmente el sábado pasado y en consecuencia pretende «iniciar consultas con los tenedores de los Bonos con el objetivo de llegar a un acuerdo amigable y consensuado con ellos en el menor tiempo posible».
«Las condiciones e ingresos de la provincia han cambiado notoriamente, por lo tanto, enfrenta desafíos económicos sin precedentes, como la contracción de la economía del país, la alta inflación, la devaluación y su efecto de ingresos en dólares a la provincia», sostuvo el funcionario en un comunicado de prensa oficial.
Además, en el mismo documento, Bazán destacó que la provincia tiene fondos aprobados en el presupuesto del año anterior, incluidos en un artículo específico de la ley y tiene un crédito con la Nación que ya suma cinco meses.
«Si la provincia hubiese contado con los ingresos que le corresponden por ley y que están aprobados en el presupuesto del año 2023 y en el 2024 podría haber pagado sus compromisos respecto de este vencimiento de capital e interés, de hecho así lo tenía previsto», aseguró.
Luego, Bazán aclaró que gran parte de esta deuda se destinó para inversión pública, incluyendo en una empresa de energía eólica en proceso de construcción y producción y afirmó que la provincia está entre las tres provincias que más empleo privado genero en términos proporcionales en los últimos cuatro años.
Tras esta situación, el gobierno provincial inicio acciones legales contra la Nación por una deuda de $302,885 millones, en un esfuerzo por garantizar su estabilidad económica.
Este reclamo se formalizó la semana pasada ante la Corte Suprema de Justicia, junto a un pedido de Acción Declarativa de Certeza sobre la nulidad del DNU 70/2023 y una medida cautelar ante el no pago de los fondos fiduciarios.
Finalmente, Bazán precisó que esta situación repercute en todas las provincias ya que no reciben fondos extracoparticipables, el fondo compensatorio docente, el subsidio del transporte, entre otros.
«Esta situación nos ha llevado a tomar algunas medidas internas respecto a la reestructuración de la empresa de transporte que usa la mayoría de la gente y son medidas que nos hacen cambiar totalmente la realidad», concluyó.
La colocación de deuda pública de estos intereses provienen de un bono verde emitido en 2017 por u$s200 millones, con una tasa de interés de 9,75% anual.
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